En apego a los principios institucionales de certeza jurídica, responsabilidad fiscal y gobernabilidad instruidos por el presidente municipal Ismael Burgueño Ruiz, el XXV Ayuntamiento de Tijuana precisó el marco legal de la resolución edilicia relativa al Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT). El acuerdo faculta el análisis de alternativas conducentes a la conclusión de la controversia legal con la empresa concesionaria —cuyo contrato se suscribió en 2016 con vigencia a 2046—, sin que exista a la fecha un monto ejecutoriado o convenio económico definitivo.
La intervención administrativa atiende al requerimiento formal notificado en mayo de 2026 por la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado, en su calidad de cabeza de sector del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS). Dicha solicitud requiere dar cumplimiento a los artículos transitorios de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte estatal de 2020, los cuales norman la transferencia del sistema SITT del fuero municipal al estatal, procedimiento que permanecía diferido por administraciones previas.
Ante el riesgo procesal de una sentencia condenatoria por el 100% de las pretensiones reclamadas más actualizaciones, el Cabildo autorizó la exploración de un convenio que no exceda el 50% de la cuantía exigida, previniendo un menoscabo al patrimonio municipal. Con este actuar normativo, la administración ratifica el cumplimiento de las obligaciones de defensa jurídica del erario y la correcta substanciación de los procesos de entrega-recepción intergubernamentales.