Tijuana, Baja California, 14 de julio de 2026.- La Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana suspendió de manera provisional a una agente de la Policía Municipal que participó en el operativo realizado durante una ceremonia de graduación el pasado 7 de julio, luego de que un video difundido en redes sociales mostrara el momento en que una madre de familia presuntamente fue impedida de ingresar al plantel educativo. La medida fue dictada mientras continúa la investigación administrativa sobre la actuación policial.
El caso cobró relevancia pública tras la circulación de las imágenes, que generaron cuestionamientos sobre el uso de los protocolos policiales y el trato brindado a la mujer durante el evento escolar. A partir de esos hechos, la Sindicatura inició una investigación de oficio para revisar si la intervención de los elementos municipales se realizó conforme a la ley y con perspectiva de género.
Como resultado de las primeras diligencias, la autoridad informó que existen indicios preliminares de que la agente suspendida habría incumplido procedimientos específicos establecidos para este tipo de intervenciones.
Entre los documentos integrados al expediente figura un oficio recibido el 8 de julio, en el que se reportan presuntas omisiones relacionadas con los protocolos que deben seguir los policías ante la posible comisión de un delito. Además, la documentación recopilada ubica a la agente como una de las participantes en la intervención ocurrida durante la ceremonia.
La suspensión tiene carácter cautelar y no representa una sanción definitiva ni un pronunciamiento sobre la responsabilidad de la servidora pública. Su propósito es evitar que la permanencia de la elemento en funciones pueda influir en el desarrollo de la investigación o en la obtención de pruebas.
La Sindicatura precisó que el procedimiento administrativo continuará respetando el debido proceso y los derechos laborales de la agente involucrada, mientras se determina si existieron irregularidades en su actuación.
El caso también vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la intervención policial en espacios escolares y la importancia de que las corporaciones actúen bajo criterios de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos, especialmente cuando están involucradas familias, menores de edad o situaciones sensibles.
Para la ciudadanía, este tipo de investigaciones representa un mecanismo de control interno que busca revisar la actuación de los servidores públicos cuando existen denuncias o evidencia de posibles incumplimientos a los protocolos institucionales. Sin embargo, el resultado del procedimiento dependerá de las pruebas que se integren al expediente y de las resoluciones que emitan las autoridades competentes.
Hasta el momento, la Sindicatura no ha informado el plazo estimado para concluir la investigación ni si existen otros elementos policiales bajo revisión por los mismos hechos. La indagatoria permanece abierta.
